La incorporación sistemática de los conocimientos científicos y tecnológicos a todas las actividades económicas, sociales y culturales es uno de los desafíos fundamentales que enfrenta la Argentina para avanzar en un proceso de desarrollo económico y social sustentable.

En la medida que la actividad científica genera nuevos conocimientos, aporta a la formación de recursos humanos y provee los insumos científicos que son indispensables para la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. esta actividad debe constituir una prioridad nacional. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de financiar la actividad científica acorde con criterios de calidad y pertinencia y de programar la formación de los recursos humanos para dotar al país de una amplia base científica.

A su vez, como las fallas en los mercados de bienes, capitales y de información hacen que haya menor disponibilidad de conocimientos tecnológicos que lo deseable para satisfacer las necesidades productivas y sociales del país y para posicionar mejor a la Argentina en un contexto internacional crecientemente competitivo, es imprescindible una política pública activa de promoción del desarrollo tecnológico.

El Estado también debe jugar un papel catalizador, detectando y corrigiendo las fallas sistémicas y generando un marco coherente y de largo plazo que incentive un proceso interactivo de aprendizaje continuo en el cual los esfuerzos de los numerosos agentes e instituciones públicas y privadas vayan configurando un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como parte de las reformas de segunda generación y en el marco de la Segunda Reforma del Estado, el Gobierno Nacional ha iniciado la transformación y desarrollo del sector. En este sentido, ha puesto en funciones el Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC) que tiene como objetivo fijar las políticas para el sector y orientar la asignación de recursos hacia áreas y temas de mayor prioridad. Cumpliendo con este mandato, el GACTEC somete a la consideración de la comunidad en general un proyecto de Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología, que acompaña al proyecto de ley de Presupuesto Nacional para 1998.

Al Plan se lo concibe como un instrumento ordenador, articulador y de programación de los numerosos esfuerzos nacionales y regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un programa de trabajo caracterizado por su flexibilidad, capaz de incorporar anualmente nuevas iniciativas de política, por su elaboración descentralizada y participativa y por su naturaleza multidimensional, puesto que abarca políticas de carácter horizontal así como políticas sectoriales, regionales y temáticas.

El Plan Plurianual ha sido preparado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología con los aportes recibidos de otros Ministerios y Secretarías de Estado, de las Autoridades Provinciales, de diversas instituciones públicas y privadas y de expertos en la materia.

La primera parte del documento contiene los objetivos y características del Plan, su marco conceptual, un diagnóstico de la situación argentina y las políticas horizontales, sectoriales, regionales y temáticas que se plantean. La segunda parte incluye los resúmenes de los diversos trabajos que se han preparado en función de la elaboración del Plan. Dichos trabajos se publican en forma separada y, en cada caso se indica, el Ministerio, Secretaría o Subsecretaría responsable de su contenido.

Todos los trabajos constituyen documentos para discusión (a los que se puede acceder también en Internet a través de www.secyt.gov.ar) con los que se pretende generar un proceso de debate público que permita enriquecer y perfeccionar las propuestas y políticas que se plantean.

Este debate es fundamental para que el Plan Plurianual cuente con el consenso de los diferentes sectores políticos, productivos y sociales y el compromiso de todos los actores vinculados a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de modo que la confluencia entre Estado y sociedad permita asegurar la continuidad indispensable para que fructifiquen los esfuerzos en esta materia.

Los aportes provenientes del tratamiento del tema en el Congreso Nacional, los comentarios y sugerencias de la comunidad científica y tecnológica y de los sectores productivos y sociales, así como los avances que se realicen en algunas tareas en marcha, darán lugar a una versión definitiva del Plan 1998-2000, la que será considerada por el GACTEC a principios de diciembre y, luego de su aprobación, entrará en vigencia a partir de 1998.

Octubre de 1997

Lic. Juan Carlos del Bello Ing. Jorge Rodríguez

Secretario de Ciencia y Tecnología Jefe de Gabinete de Ministros

Secretario Ejecutivo del GACTEC Presidente del GACTEC

El desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante el SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION) es el objetivo central del Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología (en adelante el Plan). De esa forma, se va a contribuir al logro de los siguientes objetivos estratégicos que orientan las políticas del Gobierno Nacional:

Los objetivos particulares del Plan son:

El Plan es un instrumento ordenador, articulador y de programación de los numerosos esfuerzos nacionales y regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sirve asimismo para la resolución de las fallas sistémicas que se observan en el diseño y ejecución de dichos esfuerzos.

El Plan es un programa de trabajo caracterizado por:

La orientación y elaboración del Plan han sido guiadas por el siguiente marco conceptual que se inspira en el debate internacional sobre políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y las peculiaridades de la actual situación argentina.

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ARGENTINA

Como resultado de la exitosa aplicación del Plan de Convertibilidad y de las profundas reformas estructurales como la apertura comercial, la privatización de las principales empresas públicas y la desregulación, la economía argentina creció a un 7 % anual acumulativo en el período 1990-94, una de las tasas más elevadas del mundo. El impacto de la devaluación mexicana a fines de 1994 sobre las corrientes internacionales de capitales provocó una recesión en la Argentina en 1995. La tasa de aumento del PBI en 1996 (4,3%) y la prevista para 1997 (7,5%) permiten retomar el sendero de crecimiento interrumpido en 1995.

La inversión y las exportaciones han liderado el proceso de crecimiento de la economía argentina en la mayor parte de los años 1990. La inversión bruta interna fija aumenta de un 13,4% en 1990 a un 23,6% del PBI en 1994. El coeficiente de inversión se reduce a un 20,7% del PBI en 1995, se recupera en 1996 (21,5%) y se prevé que alcance un 24,9% del PBI en 1997. Los flujos de inversión extranjera directa (IED), que eran muy modestos en los años 1980, entran en una trayectoria creciente en esta década. Entre 1990 y 1993, cuando la casi totalidad de los flujos se dirige a adquirir firmas estatales, promedian los U$S 2700 millones por año. En 1994-96, cuando las privatizaciones tienen un papel menos significativo como factor de atracción a los inversores extranjeros, superan los U$S 3800 millones anuales. En todos los años de esta década son superiores al 1% del PBI.

Las exportaciones, que habían tenido un modesto desempeño hasta 1993, crecen en forma muy significativa en 1994 y 1995 y a una tasa menor en 1996. El aumento de las exportaciones hizo que el déficit comercial que tuvo el país entre 1992 y 1994 se transforme en un considerable superávit en 1995. En 1996 las importaciones crecen fuertemente, pero el incremento de las exportaciones permitió equilibrar la balanza comercial.

Las importaciones de bienes de capital que incorporan los últimos adelantos tecnológicos en la maquinaria y equipo respectivo, tuvieron un crecimiento espectacular entre 1990 y 1994 (cuadro 1 del Anexo Estadístico). En este último año se importaron bienes de capital por un valor superior a los U$S 6000 millones representando el 28% del valor de las importaciones totales. En años posteriores, las importaciones de maquinaria y equipo se reducen en alguna medida, representando sin embargo la cuarta parte de las importaciones totales.

Como se desprende del cuadro 1, la industria manufacturera ha sido el principal destinatario de las adquisiciones de maquinaria y equipo, registrando una participación en las importaciones respectivas muy superior a su peso en el PBI total. Por otra parte, se estima que casi la mitad de los flujos de IED en 1994-95 han sido dirigidos al sector manufacturero, particularmente a las industrias de alimentos y bebidas, químicos y petroquímicos y al complejo automotriz.

Los sectores de transporte y comunicaciones han tenido también una participación significativa en la importación de maquinaria y equipos. Entre otros factores, estas adquisiciones han permitido duplicar las líneas de teléfono entre 1990 y 1996 y aumentar de 12 a 17 las líneas en servicio por cada 100 habitantes en el mismo período.

En esas condiciones, no resulta sorprendente el significativo aumento que registran la productividad total de los factores y la productividad del trabajo. La primera crece a una tasa acumulada del 29% y la segunda a una tasa del 25% entre 1990 y 1994. La productividad laboral en el conjunto de la industria manufacturera crece un 33% en el mismo período y, según datos preliminares, aumentó un 47% entre 1990 y 1996.

La incorporación de maquinaria y equipo y la introducción de técnicas más modernas de gestión productiva han permitido a la industria argentina aumentar la producción y mejorar su competitividad. Sin embargo, no se han generado suficientes puestos de trabajo que absorban el aumento de la cantidad de personas que buscan empleo. De esa forma, la industria no ha podido contribuir a paliar el crecimiento del desempleo que ha pasado a ser el principal déficit del proceso de transformación que atraviesa el país.

A su vez, la mayor competencia ha incitado a las empresas a mejorar la calidad de los bienes y servicios que producen. Mientras que en enero de 1993 sólo tres firmas tenían certificaciones de acuerdo a las normas ISO 9000, dos años después había 34 empresas y en junio de este año, 223 firmas registraban 314 certificaciones de esa norma, en su gran mayoría empresas extranjeras o pertenecientes a los grandes conglomerados económicos. A pesar de la rápida difusión, la situación argentina en esta materia está rezagada respecto a Brasil donde hay más de 1300 firmas con dichas normas.

En lo que respecta a adopción de tecnologías de proceso y de productos amigables con el medio ambiente y al establecimiento de sistemas de gestión ambiental a nivel empresario, sólo se registran avances en algunos grandes conglomerados locales y en filiales de empresas extranjeras, como lo refleja el hecho de que sólo siete firmas hayan obtenido certificaciones de la norma ISO 14000. A diferencia de lo que ocurre en el tema de calidad, no existe aún en el sector productivo, y especialmente entre las PyMEs, conciencia de la problemática ambiental y de su creciente importancia para la competitividad internacional.

Por otra parte, el crecimiento y la modernización de la economía argentina en los años 1990 han sido muy heterogéneos a nivel de sectores, ramas, tamaño y nacionalidad de las empresas. El valor agregado bruto de los sectores agricultura y pesca registró un crecimiento del 14,6% entre 1990 y 1996, en tanto que la minería acumuló un aumento en el valor agregado sectorial del 54 % durante el mismo período. Los servicios, registraron un incremento del 44,5% en el valor agregado bruto, destacándose el dinamismo de los subsectores comunicaciones y establecimientos financieros y seguros.

El valor agregado bruto de las industrias manufactureras crece un 35,2% entre 1990 y 1994. Se reduce un 7,5% en 1995 y vuelve a crecer un 5,2% en 1996. Dentro del sector manufacturero, la industria automotriz, y en menor medida, la de artefactos para el hogar, lideraron el proceso de crecimiento industrial en 1990-94. Desde entonces han tenido un buen desempeño relativo algunas ramas productoras de insumos como los agroquímicos y los productos siderúrgicos. El incremento de la producción de alimentos ha sido algo superior al aumento del conjunto de la producción industrial en 1990-96. En contraste, la industria de maquinaria y equipo ha tenido un pobre desempeño.

Como resultado de las privatizaciones de empresas públicas, la adquisición de firmas privadas por parte de inversores extranjeros y los restantes flujos de IED, las empresas de capital extranjero han aumentado en forma notable su participación en la economía argentina en los años 1990. Entre las 500 empresas industriales de mayor facturación, el número de firmas extranjeras casi se ha duplicado entre 1990 y 1995, pasando de 116 a 214. Las ventas de las firmas extranjeras en el total facturado por las 500 empresas industriales más grandes de la Argentina han aumentado de un 33,6 % en 1990 a más de 51% en 1995. Las empresas extranjeras reúnen un 40 % o más, de las ventas sectoriales de las mayores empresas en todas las ramas industriales, excepto en la siderurgia y metalurgia.

La contracara de este fenómeno son las dificultades que atraviesan las PyMEs para adecuarse a las nuevas reglas del juego de la economía argentina. Mientras que en algunos sectores de la economía, las grandes empresas y, en especial, las de capital extranjero se están acercando a las mejores prácticas internacionales en lo que respecta a productividad y, en menor medida, a calidad, las PyMEs requieren de ingentes esfuerzos para su capacitación tecnológica.

A comienzos de la década se presentaba una serie de desafíos para adecuar el sector educativo a las necesidades que plantea el pasaje hacia una sociedad basada en el conocimiento. El sistema educativo mostraba un alto nivel de deterioro de su tradicional calidad, producto de la crisis fiscal y de políticas que, en algunos períodos, desatendieron las necesidades educativas de la población. Asimismo, el gasto público en educación era reducido en comparación con el resto del mundo e incluso inferior al promedio de los países en desarrollo. Era preciso, entonces, proceder a una transformación del sector, y al mismo tiempo, hacer un esfuerzo para incrementar fuertemente los recursos dedicados a la educación por parte del sector público.

En el marco de este diagnóstico, en la presente década se desarrolla un proceso de transformación estructural en el sector educativo. En primer lugar, la ley 24.049 de 1992 estableció la transferencia hacia las provincias de los servicios educativos que aún dependían del gobierno nacional, los que no superaban el 20% del total.

A posteriori, la Ley Federal de Educación (24.195), sancionada en 1993 constituye un hito que marca el inicio del proceso de cambio estructural de la educación argentina. La nueva configuración de la política educativa establecida en la Ley requiere la creación de espacios para la generación de consensos a nivel federal. Se concreta fundamentalmente en la función asignada al Consejo Federal de Cultura y Educación.

La Ley sienta las bases de un nuevo sistema educativo estructurado en cuatro niveles: Inicial, Educación General Básica, Nivel Polimodal y Educación Superior Universitaria y No Universitaria. Entre sus disposiciones fundamentales, establece pautas para el mejoramiento de la calidad a través de la renovación de los contenidos y la adopción de Contenidos Básicos Comunes poniendo el acento en la actualización científica de las disciplinas escolares y la formación tecnológica desde temprana edad. En este sentido, se promueve la incorporación de nuevos enfoques (Investigación y Desarrollo), de nuevos campos (tecnología desde el nivel inicial) y de aportes de nuevas disciplinas (economía, sociología, informática), todo ello en el marco de la generación de competencias básicas en los alumnos.

Uno de los ejes centrales de la Ley es la extensión de la obligatoriedad escolar llevándola a diez años (incluido el preescolar). Otra novedad es la creación de la Red Federal de Formación Docente Continua y la reformulación de la Formación Docente y su articulación con la universidad. Asimismo, crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad que efectúa año a año operativos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, incluyendo información sobre las escuelas, los docentes, los padres y los alumnos.

La Ley establece el incremento progresivo del presupuesto educativo hasta duplicarlo tomando como base el año 1992 o hasta llegar el 4,8% del PBI. Asimismo, plantea como prioritario el principio de equidad a través de la implementación de políticas compensatorias a cargo del estado nacional. En este sentido, el Plan Social Educativo se ocupa de los sectores con mayores necesidades socio-económicas, buscando poner efectivamente la educación al alcance de todos, como una herramienta para la justicia social. Las escuelas incluidas en el Plan han mostrado un mejoramiento notable en los resultados de los operativos nacionales de evaluación.

Para incentivar el interés en las ciencias básicas, se han organizado las olimpíadas de matemáticas, química y física. A su vez, la tecnología es considerada como eje articulador y como mediación para la vinculación educación-trabajo en todos los niveles del sistema. La alfabetización tecnológica es una prioridad para un sector educativo que contribuya al crecimiento económico y al desarrollo social sustentable. Para responder a este desafío se creó el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), cuyas funciones son diseñar las políticas nacionales para la vinculación del sector educativo con el mundo del trabajo y promover un diálogo permanente entre educadores, trabajadores y empresarios. En ese marco se están elaborando, en diálogo con especialistas y actores del mundo del trabajo, los nuevos perfiles de técnicos básicos.

Algunos de los resultados que ya comienzan a observarse en el proceso de transformación son los siguientes: 1) ampliación de la matrícula escolar, 2) iniciación de un proceso de mejoramiento en los resultados de aprendizaje de los alumnos; 3) inversión creciente en educación; 4) sostenimiento permanente de programas y proyectos compensatorios para el mejoramiento de la calidad de la educación en las escuelas; 5) fuerte dinamización de la capacitación docente.

Respecto a la evolución de la matrícula escolar, entre 1991 y 1996, la de nivel inicial se expandió en un 15%, la de nivel primario en un 4,7% y la de nivel medio en 24,5%. Como resultado de esa expansión los niños que ingresan hoy al sistema educativo argentino tienen una expectativa de 9,7 años de permanencia en él.

En cuanto a los operativos nacionales de evaluación de la calidad de la enseñanza, aunque los resultados de 1996 distan de ser satisfactorios, se observa una significativa mejora, en especial en las provincias con altos porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas.

En materia de financiamiento, entre 1991 y 1995 el porcentaje de participación del gasto educativo en el gasto público total pasó del 10,65 al 13,68 y su participación del mismo en el PBI se incrementó del 3,1 al 3,7%. La participación del gasto en educación provincial en el gasto público total de las provincias creció en el mismo período de un 21 a un 28%. En tanto, el gasto del gobierno nacional en educación aumentó de 1500 millones de pesos a más de 2500 millones entre 1992 y 1996.

Sin embargo, si bien es cierto que hay una mayor inversión educativa que en 1991, también lo es que la misma no se ha incrementado al mismo ritmo que la matricula total ni del número de docentes que trabaja en el sector. Los salarios docentes varían de acuerdo a las situaciones provinciales siendo generalmente bajos. Es preciso hacer un esfuerzo mayor para mejorar la situación salarial de muchos docentes y construir nuevos criterios para asignarlos basados más en la capacitación, el desempeño y la idoneidad profesional.

En lo que respecta a la educación superior, las universidades argentinas vienen experimentando en los últimos años un notable crecimiento y una diversificación institucional sostenida. También se ha producido en ese nivel un cierto deterioro cualitativo en el nivel académico, desempeño y orientación de los alumnos de las universidades. En las universidades nacionales la relación egresados/ingresantes es de apenas 19% y se observa una preocupante disminución relativa en el número de alumnos que cursan Ciencias Básicas y Tecnológicas (del 40% en 1986 al 33% en 1996). De allí la importancia creciente que el gobierno nacional le viene asignando al sector, convencido de que sin sólidas instituciones de educación superior difícilmente se pueda sostener en el mediano y largo plazo un proceso sostenido de transformación socioeconómica.

La sanción de la Ley de Educación Superior (24.521) en 1995, ha permitido la generación de estrategias que apunten a la transformación estructural de las universidades. Su propósito medular es avanzar hacia la conformación de un sistema con creciente capacidad de autorregulación, integrado por instituciones autónomas y autárquicas, con capacidad de gestionar su propio desarrollo, que acepten como contrapartida, incorporarse a procesos de evaluación externa y acreditación que permitan estimular su preocupación por la calidad y dar cuenta de los resultados de su accionar.

En ese sentido, una de las primeras acciones fue la modificación del régimen económico-financiero de las universidades. El nuevo régimen otorga a las universidades mayor autarquía financiera, y estimula el desarrollo de aportes complementarios, provenientes tanto del sector privado como del público, por contratos de prestación de servicios, de asesoría, contribuciones de los alumnos, etcétera.

A partir de 1993 se promueve el establecimiento de un mecanismo de evaluación para conocer y analizar los principales logros y problemas que afectan a las instituciones, así como el nivel y calidad de los conocimientos que en ellas se ofrecen. En 1995 comenzó un proceso de evaluación y acreditación de los postgrados por parte de la Comisión de Acreditación de Posgrado (CAP). En tanto, se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que tiene a su cargo la evaluación institucional de todas las universidades, la acreditación de estudios de postgrados y carreras reguladas, así como la formulación de recomendaciones sobre los proyectos de nuevas instituciones universitarias.

Asimismo, se creó el Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores, que destina $ 70 millones por año a la promoción de actividades de investigación de los profesores universitarios, para fomentar el desarrollo de las capacidades y la formación de los recursos humanos en la educación superior, premiar el rendimiento del trabajo académico de los docentes y favorecer el desarrollo combinado de la docencia y de la investigación.

Por último, se comenzó a promover la articulación de las universidades con los sectores de la producción y servicios, a través del Programa de Vinculación Tecnológica en las Universidades, destinado a apoyar la transferencia de los avances en el conocimiento científico y tecnológico para aplicarlo al desarrollo económico, social y cultural del país.

En el plano universitario, se destaca el éxito de las convocatorias a proyectos de mejoramiento de la calidad universitaria en el marco del FOMEC. Durante la primera y segunda convocatorias realizadas en los años 1995 y 1996 se presentaron 690 proyectos, aprobándose 236 (34%) por un monto aproximado de 140 millones de pesos. El porcentaje de proyectos aprobados creció del 28 a 43 % entre ambas convocatorias y al presente el 80% de las universidades nacionales cuentan con proyectos FOMEC en ejecución. Las disciplinas que han obtenidos mejores resultados en el FOMEC han sido las ciencias básicas y las tecnológicas.

En cuanto al Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores, el número de participantes aumentó de 11.199 en 1994 a 19.000 en la actualidad. La participación en el Programa de los docentes de dedicación exclusiva aumenta de un 53% al inicio del mismo a un 73% del total en la actualidad, lo cual significa un incremento de alrededor de 4000 nuevos investigadores. Teniendo en cuenta que el número total de investigadores equivalentes a jornada completa que dispone el país se incrementa de 13.992 en 1993 a 18.439 en 1995 es evidente que el Programa ha sido el principal motor del aumento.

El número de proyectos de investigación aumentó de 5000 en 1994 a 6000 en 1996 (de los cuales las dos terceras partes corresponden a las ciencias básicas y tecnológicas), lo cual implica que hay mayor cantidad de investigadores por proyecto. Entre otros impactos positivos, el Programa ha dado lugar a una mayor integración de los investigadores del CONICET con lugar de trabajo en las universidades nacionales a la vida académica universitaria. No obstante, aún no se ha realizado una evaluación integral del programa que permita verificar sus resultados y proponer una reformulación que profundice su directa relación con la calidad de las actividades que se quieren alentar.

La Inversión en Ciencia y Tecnología del Sector Público y el sector privado sin fines de lucro fue en 1995 de $ 934 millones (el 0,33% del PBI), mientras que la del sector privado empresario se ubica en $ 319 millones (el 0,12% del PBI). La inversión total en dicho año representó entonces un 0,45% del PBI, muy por debajo del que realizan los países industrializados y Corea e incluso inferior a la inversión respectiva de Brasil y Chile (cuadro 2 del Anexo Estadístico).

La casi totalidad del gasto público está incluido en el presupuesto nacional. Ni las provincias ni la Ciudad de Buenos Aires tienen un papel relevante en la financiación de las actividades de Ciencia y Tecnología.

El 71% del presupuesto nacional en la materia se concentra en cuatro instituciones: las universidades nacionales, el CONICET, el INTA y la CNEA. Las restantes instituciones tienen presupuestos relativamente pequeños. Los gastos en personal absorben la mayor parte del presupuesto, aunque se registran algunas excepciones importantes. (cuadro 3 del Anexo Estadístico).

Se estima que a la investigación básica le correspondió el 29%, a la aplicada el 48% y al desarrollo experimental, el 23% del gasto total en investigación y desarrollo en 1995. Esta composición del gasto es muy distinta a la de los países industrializados, donde el desarrollo experimental da cuenta de alrededor de las dos terceras partes del gasto en la materia y la investigación básica y aplicada tienen un peso relativo muy inferior al de nuestro país .

En 1995 el país contaba con casi 20.825 investigadores equivalentes a jornada completa y 5326 becarios de investigación. Además, había casi 10.000 personas en tareas de apoyo, totalizando unas 35.000 personas en el sistema. En contraste con lo que ocurre en los países industrializados y en Corea, la casi totalidad del personal se desempeña en los organismos del sector público nacional (incluyendo el CONICET) y en las universidades nacionales (cuadro 4 del Anexo Estadístico).

En cuanto a la proporción de investigadores en relación a la población económicamente activa, la Argentina está en clara desventaja respecto a los países industrializados incluyendo España y a Corea . En contraste, nuestro país está en mejor situación relativa que México, Brasil y Chile (cuadro 4). Sin embargo, algunos datos preliminares ponen en evidencia un preocupante aumento en la edad promedio de la población de investigadores, en especial cuando se excluyen los becarios de investigación.

En lo referente al gasto en dólares corrientes en Ciencia y Tecnología para los investigadores que se desempeñan dentro del sector gobierno, enseñanza superior e instituciones sin fines de lucro, es claramente inferior en la Argentina que en los países industrializados e incluso que en México, Brasil y Corea. (cuadro 4).

Algunas especialidades científicas han tenido un gran desarrollo en nuestro país -único de América Latina con Premios Nobel en ciencias-. En su conjunto, la productividad de la investigación científica medida por publicaciones científicas no es elevada, en comparación con los países industrializados incluyendo España (cuadro 5 del Anexo Estadístico). No obstante, es superior a la de varios países en desarrollo incluyendo Corea.

En efecto, en el período 1992-95, mientras que en España se produjeron 13.698 artículos científicos (como promedio anual) que fueron publicados en revistas de circulación internacional, en la Argentina se publicaron 2306, cifra sólo superada en América Latina por Brasil (4415). Argentina y Brasil tienen una productividad similar en lo referente a cantidad de publicaciones por investigador, aunque la situación argentina es mejor que la brasileña en cuanto a publicaciones, en relación a la población económicamente activa. Sin embargo, Chile está en una mejor situación relativa que la Argentina. Por otra parte, nuestro país supera a Corea en los indicadores respecto a publicaciones científicas (cuadro 5).

Aún cuando la evaluación de las actividades del sector público en Ciencia y Tecnología es una tarea que recién ha comenzado, la mayor parte de las actividades que hoy se realizan son para el corto plazo, si bien existen instituciones que han demostrado capacidad de ejecutar proyectos de desarrollo científico y tecnológico de largo aliento. La desarticulación entre los programas de las distintas organizaciones, la falta de objetivos precisos y de mecanismos de evaluación y la concentración en la prestación de servicios de rutina y asistencia técnica son los rasgos más notables de las actividades científicas y tecnológicas del sector público.

Como se puede observar en el cuadro 2, la inversión del sector Empresas en Ciencia y Tecnología en nuestro país está aún más fuera de escala internacional que la realizada por el sector gobierno y otros. Obsérvese que en los países industrializados (excepto España) y en Corea la inversión empresarial en CyT es superior a la gubernamental y otros, situación muy diferente a la del caso argentino.

Sin embargo, cabe señalar que el sector Empresas, inducido por la competencia más intensa que se registra en la economía argentina en los últimos años, está aumentando en forma constante su inversión desde 1992.. Aunque buena parte de los insumos para la innovación en materia de productos y procesos de producción provienen del exterior, es de suponer que se están realizando actividades de innovación y esfuerzos tecnológicos endógenos de cierta envergadura para absorber y adaptar estos conocimientos. A pesar de la falta de información fidedigna al respecto, este proceso probablemente está ocurriendo en la mayor parte de las grandes empresas extranjeras o nacionales y en algunas pequeñas y medianas firmas. En ese sentido, se está realizando una encuesta por medio del INDEC para relevar las actividades y gastos que vienen efectuando las empresas en materia tecnológica.

Entretanto, se ha efectuado una estimación en base al ¨Relevamiento de Empresas que Realizan Actividades Científico Tecnológicas¨, que efectúa la SECyT en base al padrón de empresas que realizan este tipo de actividades según el Censo Nacional Económico 1994. De allí se desprende que el monto invertido por el sector Empresas correspondiente a 1995 es de $ 318.721.690. De acuerdo con dicho monto, la inversión privada en Ciencia y Tecnología correspondiente a empresas sería de un 0,12% del PBI, alcanzándose una inversión total del orden del 0,45% en relación al PBI.

Una cuestión importante, más allá de la magnitud de la inversión respectiva, proviene del hecho de que los esfuerzos del sector empresas son, en general, de corto plazo, no incluyen actividades sistemáticas de investigación y desarrollo y no se vinculan con las instituciones públicas de Ciencia y Tecnología ni se desarrollan en redes en las que participan activamente los proveedores, usuarios y clientes. Por ende, están lejos de tener la envergadura requerida para los desafíos que supone la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.

La información disponible sobre patentes de invención corrobora esta afirmación. Las solicitudes de patentes de invención presentadas en la Argentina aumentaron de 2910 en 1990 a 5132 en 1996, registrándose el mayor aumento en los últimos tres años (cuadro 6 del Anexo Estadístico). Si bien tradicionalmente la mayor parte del patentamiento en el país lo hacen los no residentes, también en esta área se registra un aumento en la proporción de patentes extranjeras (del 67% en 1990 al 84% en 1995). En este sentido, la situación argentina se asemeja a la de casi todos los países industrializados y en desarrollo.

El dato preocupante es que las solicitudes de patentes por parte de residentes han ido disminuyendo no sólo en forma relativa sino también en valores absolutos. De un promedio anual superior a las mil solicitudes en los años 1980 y de más de 900 a principios de los años 1990, las solicitudes son inferiores a 700 en 1994 y 1995 para aumentar levemente en 1996 (cuadro 6). A su vez, los residentes argentinos casi no patentan en el exterior. Las solicitudes de patentes presentadas por residentes argentinos en los Estados Unidos no superaron las 60 por año en el período 1990-93. Como se puede observar en el cuadro 6, el contraste con países como Japón, Alemania, Corea e incluso con España, Brasil y México es notable. También es ínfima la cantidad de solicitudes presentadas por residentes argentinos en la Oficina Europea de Patentes.

En julio de 1996, la Secretaría de Ciencia y Tecnología -SECyT- emprendió la tarea de la reorganización del sector estableciendo dos líneas de trabajo concurrentes pero separadas: las cuestiones de mediano y largo plazo y las exigencias del corto plazo.

En cuanto a las primeras, el objetivo ha sido comenzar a resolver las graves dificultades que han aquejado al sector en las últimas décadas en forma creciente, a pesar de que los recursos destinados a la finalidad de Ciencia y Técnica (CyT) en el presupuesto nacional no han disminuido, circunstancia que indica falencias y desaciertos en gestión y organización. Como un primer paso en este sentido, la SECyT convocó a un centenar de profesionales destacados de todas las áreas del conocimiento y de distintas regiones del país a fin de elaborar un documento de diagnóstico y propuestas para mejorar el funcionamiento del sector de CyT, el cual fue publicado bajo el título de Bases para la Discusión de una Política de Ciencia y Tecnología.

Si bien este documento constituye una herramienta de gestión para el mediano y largo plazo, emergen también algunas cuestiones básicas con alto grado de consenso, que han influido sobre la fijación de las tareas de la SECyT en el corto plazo. La más importante de ellas es la conveniencia de separar claramente los niveles de responsabilidad en la definición de políticas, en la promoción de la actividad científica, tecnológica y de innovación y en la ejecución de dichas actividades. Esto condujo a la creación de nuevos organismos (el Gabinete Científico-Tecnológico -en adelante el GACTEC- y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica- en adelante la AGENCIA-) y a la redefinición de los roles de otros (la propia SECyT y el CONICET).

El GACTEC, creado a fines de 1996 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es presidido por el Jefe de Gabinete y está integrado por los Ministros de Cultura y Educación; de Economía y Obras y Servicios Públicos; de Salud y Acción Social; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Defensa, y por las Secretarías de Recursos Naturales y Ambiente Humano; de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación. Su misión es definir las prioridades nacionales para el sector y la distribución de recursos asignados a los distintos organismos del sector en el orden nacional.

Por otro lado, en el marco de la Segunda Reforma del Estado, y como parte de la reestructuración del Ministerio de Cultura y Educación, por Decreto 1274 del 12 de noviembre de 1996 fue aprobada la nueva estructura de la SECyT.

Si bien nunca se puso en duda que la SECyT es el órgano central del Gobierno Nacional en materia de política científica y tecnológica, lo cierto es que en el pasado sus funciones y objetivos fueron, al menos, ambiguos, mezclando frecuentemente el rol político con el de promoción, e inclusive con el de ejecución de actividades de investigación y desarrollo en algunos campos, como la informática. Como consecuencia, la estructura de la SECyT creció de modo injustificado en algunas áreas y decreció en aquellas vinculadas a la programación. Esta circunstancia se vio, además, agravada por la insistencia histórica de muchos de sus titulares en ejercer simultáneamente la Presidencia del CONICET.

En tal sentido, los cambios operados en la Secretaría a partir del Decreto 1274/96 pueden considerarse significativos. La función de la SECyT es primordialmente política y gravita en torno de su responsabilidad como soporte del GACTEC, de modo particular en lo que se refiere a la responsabilidad de elaborar el Plan Nacional Plurianual.

A su vez, la SECyT debe desarrollar y elevar al GACTEC las políticas científico-tecnológicas federales, reemplazando los mecanismos tradicionales de planificación centralizada por modalidades basadas en la determinación de prioridades regionales y provinciales. Para atender a esta necesidad se ha creado el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología -COFECyT-, agente principal del diseño de una política federal. El COFECyT está presidido por el propio Secretario e integrado por los máximos responsables de CyT de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

La necesidad de generar un ámbito institucional exclusivamente dedicado a la promoción en las actividades científicas y tecnológicas motivó la creación de la AGENCIA en diciembre de 1996. A diferencia de países como Estados Unidos, Brasil, España, Chile o Colombia, en la Argentina no había una institución exclusivamente dedicada a la promoción y fomento de la investigación y/o el desarrollo tecnológico.

En el nivel de ejecución se encuadran las instituciones que realizan predominantemente actividades de desarrollo científico tecnológico. Al respecto pueden distinguirse claramente dos grupos de instituciones. Uno representado por el sistema universitario y el CONICET, más orientado a la investigación científica y a la formación de investigadores (base del sistema), con una amplísima cobertura en todas las áreas del conocimiento científico. Otro, compuesto por los organismos tecnológicos de corte sectorial como el INTA, INTI, CNEA, INIDEP, ANLIS, etc. Esta distinción no significa que en el primer grupo no haya emprendimientos de carácter tecnológico sectorial y que, en el segundo grupo, no se realice investigación básica (la CNEA es ilustrativa al respecto).

Estos organismos de investigación también efectúan, en mayor o menor grado, actividades promocionales. En nuestro país, el CONICET y las universidades, por ejemplo, conceden becas de doctorado y otorgan financiamiento a la investigación, sobre todo básica.. Estas actividades promocionales se continuarán desarrollando, o sea, no serán ni sustituidas ni suprimidas por la existencia de la AGENCIA..

La existencia de una actividad exclusiva de promoción obedece a dos razones. Primero, procura reducir los conflictos de interés que surgen del peso creciente de las actividades de ejecución en instituciones originariamente creadas para la promoción. Segundo, permite generar una instancia de apoyo financiero a través de sistemas de competencia abierta para proyectos científicos y tecnológicos de excelencia, en áreas del conocimiento y/o vinculados a regiones o sectores que hayan sido definidos como prioritarios y/o estratégicos por los gobiernos.

Cabe advertir que la AGENCIA no tiene un status de mayor jerarquía ni es un ámbito institucional de envergadura superior a los organismos de Investigación y Desarrollo. Asimismo la existencia de la AGENCIA no debe ser obstáculo para la creación de instancias exclusivamente dedicadas a la promoción sectorial.

Además de fortalecer los mecanismos de promoción, la creación de la AGENCIA apunta al reordenamiento y mejor coordinación de los instrumentos previamente vigentes. Para ello, cuenta con dos instrumentos centrales, el FONTAR y el FONCyT.

Mientras que el FONCyT subvenciona proyectos de investigación y actividades cuyos resultados son de dominio público y/o dan lugar a tecnologías precompetitivas, el FONTAR financia proyectos de innovación y modernización tecnológica cuyos resultados son apropiables y que apuntan a mejorar la competitividad de las empresas productoras de bienes y servicios. Asimismo, el FONTAR promueve la capacitación tecnológica de las PyMEs y el FONCyT contribuye a la formación de recursos humanos para la investigación.

En un proceso de crecimiento cada vez más liderado por las inversiones y las exportaciones, el notable aumento de la productividad total de los factores y de la productividad del trabajo, que registra la economía argentina en esta década, es el indicador más elocuente del amplio proceso de cambio tecnológico que está experimentado el país.

Este proceso, sin embargo, ha sido basado en insumos y conocimientos principalmente provenientes del exterior y, por ende, ha generado escasas oportunidades para utilizar el acervo de recursos humanos del país. También ha sido muy heterogéneo a nivel de sectores y regiones y, sobre todo, ha dejado de lado a buena parte de las PyMEs, que evidencian serias debilidades para adaptarse a las nuevas reglas del juego de la economía argentina. Asimismo, no ha generado incentivos suficientes para que las grandes firmas hagan esfuerzos sistemáticos de investigación, desarrollo e innovación o se impulsen actividades intensivas en el empleo de personal científico y tecnológico como la biotecnología.

Si bien las transformaciones en marcha en el sector educativo han empezado a revertir algunas de las serias deficiencias que limitan su contribución a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, la calidad y el volumen de recursos que el país destina a la educación son insuficientes para la magnitud de esta tarea. Asimismo, resulta preocupante la fuerte caída relativa en el número de estudiantes universitarios que cursan ciencias básicas y tecnológicas.

Por otra parte, la interacción del sector educativo con los sectores científico-tecnológico y, sobre todo, con el sector productivo es aún muy limitada. La docencia se nutre en escasa medida de la investigación y los esfuerzos de investigación en las universidades están poco articulados entre sí y con las necesidades de los sectores productivos.

A pesar de los recursos humanos de muy buena formación, el buen desempeño relativo en cuanto a artículos publicados en revistas de circulación internacional y el reconocimiento universal de los aportes de algunos investigadores y grupos de investigación científica, no puede soslayarse el envejecimiento de la población de investigadores y el escaso desarrollo relativo de muchas disciplinas científicas en el país.

Por diversas circunstancias, el sector científico-tecnológico argentino no ha podido aún ponerse a la altura de los requerimientos de los sectores productivos y sociales. Su situación actual se caracteriza por:

En conclusión, el esfuerzo que realiza el sector público, y en especial las firmas privadas, en Ciencia, Tecnología e Innovación no sólo es claramente insuficiente. Al igual que lo que ocurre en la educación, es un esfuerzo desarticulado, poco orientado a las necesidades del sector productivo -y en especial al de las PyMEs-, que no genera las sinergías requeridas para construir una sociedad basada en el conocimiento.

Esta es la situación que las iniciativas tomadas por el Gobierno Nacional desde julio de 1996 apuntan a modificar. La creación del GACTEC y de la AGENCIA así como la redefinición del rol de la SECyT y la reestructuración del CONICET son hechos salientes de la profunda reorganización en curso del Sector de Ciencia y Tecnología. El conjunto de políticas que se plantean a continuación, algunas de las cuáles ya se han puesto en marcha, están esencialmente dirigidas a modificar sustancialmente la realidad descripta y a cumplir con los objetivos del Plan.

3. POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Entre los objetivos del Plan se destaca el de mejorar, aumentar y hacer más eficiente el esfuerzo nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante CTI) promoviendo un mayor esfuerzo del sector privado y de las provincias. En función de ello, las distintas políticas que componen el Plan tienen como común denominador los siguientes propósitos:

Dado que la demanda por CTI es una demanda derivada de la de los bienes y servicios económicos y sociales que la incorporan, la CTI es un componente central de las políticas sectoriales tanto en actividades productivas como en servicios, ya sea a nivel nacional o regional. De ahí que, además de una política horizontal que apunte a estimular la capacidad innovativa en empresas e instituciones que actúen en cualquier actividad o región, el Plan también introduce prioridades regionales en materia de CTI, en algunos de los sectores productivos y sociales más relevantes del país y en ciertos temas específicos.

Las políticas que se plantean en el Plan serán el resultado de un trabajo concertado con el conjunto de actores públicos y privados involucrados, generando los consensos necesarios para asegurar la viabilidad del Plan en su faz de implementación. En función de ello se ha privilegiado la adopción de mecanismos informales, dinámicos y abiertos de comunicación y consulta.

En las futuras revisiones del Plan se irán introduciendo otras prioridades sectoriales, regionales y temáticas y revisando las aquí planteadas. Asimismo, a medida que se vaya mejorando y generando la información correspondiente, se podrán establecer metas específicas y, en lo posible, cuantificables para las distintas políticas.

Las políticas de carácter horizontal son aquellas que se aplican a la promoción de esfuerzos sistemáticos y articulados de investigación e innovación en todas las actividades económicas, sociales y culturales. Apuntan a asegurar niveles de calidad internacional en la ejecución de los proyectos de investigación, a programar la formación de recursos humanos, a fomentar la cooperación entre los numerosos agentes e instituciones que intervienen en el SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN y a orientar el esfuerzo respectivo tanto a las necesidades específicas de la sociedad argentina como a las exigencias de la competencia internacional.

En tanto el GACTEC y la SECyT están a cargo del diseño, formulación, programación y coordinación del conjunto de las políticas de carácter horizontal, los proyectos y actividades de investigación científica y tecnológica se ejecutan en las universidades nacionales y en organismos como el CONICET, la CNEA, el INTA, el INTI, etc. por medio de los fondos institucionales que reciben del Presupuesto Nacional. La AGENCIA va a jugar un rol creciente en la ejecución de las políticas horizontales a través de la asignación de fondos competitivos y el cofinanciamiento de convocatorias específicas con las provincias y el sector privado.

Dentro de la AGENCIA, el FONCyT promueve la generación de conocimiento por parte de grupos de investigación científica y/o tecnológica cuyas actividades se desarrollan en instituciones públicas y/o privadas sin fines de lucro, mediante el otorgamiento de subsidios a proyectos que cumplan con ciertas condiciones de calidad y pertinencia. En el FONCyT existen dos modalidades. Una destinada a la investigación pura y aplicada cuyos resultados son a priori publicables en revistas de circulación abierta, y la otra destinada a desarrollos tecnológicos de interés empresario de nivel precompetitivo no apropiable únicamente por el empresario participante. Estos son proyectos concertados entre la empresa interesada y la institución sin fines de lucro que realice la investigación y deben contar con financiamiento por parte de la empresa.

El FONTAR financia proyectos que tienen como objeto la innovación y modernización tecnológica en el sector privado y reúne los distintos instrumentos que con esta finalidad estaban dispersos dentro del sistema argentino, como la Ley Nº 23.877 -de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica-, y el Programa BID de Modernización Tecnológica. Los clientes del FONTAR son las empresas innovadoras y también las instituciones sin fines de lucro que deseen equiparse para mejorar su capacidad de asistencia técnica al sector privado.

Las políticas de carácter horizontal que se incluyen en este Plan son las destinadas a la promoción de la investigación científica y tecnológica, los Incentivos fiscales y financieros para un mayor esfuerzo del sector privado, un Programa de apoyo a la capacitación tecnológica de las PyMEs industriales, la promoción de tecnologías modernas de información y comunicación y la Cooperación Internacional.

En la medida que la investigación científica y tecnológica es una fuente fundamental para la creación de conocimientos originales y provee los insumos científicos que son indispensables para la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, la promoción de la investigación científica y tecnológica y la formación de recursos humanos para la investigación son prioridades del Plan.

Con ese propósito, en el Presupuesto Nacional de 1998 se ha previsto un aumento para la finalidad de C y T superior al 15% respecto a los niveles de 1997. Está también previsto el aumento del financiamiento a la investigación científica y tecnológica en los organismos públicos y en todas las instituciones de investigación públicas y privadas sin fines de lucro, a través de los fondos competitivos del FONCyT.

A los efectos de programar la formación de los recursos humanos que necesita el país en las distintas disciplinas se ha comenzado un amplio proceso de consultas con la comunidad científica. Asimismo, se han previsto estímulos para la formación, incorporación y dedicación de investigadores.

El aumento en el Presupuesto Nacional va a beneficiar especialmente al CONICET, el INTA, el INTI y el SEGEMAR. De esa forma y, entre otros aspectos, se va a comenzar a cambiar el perfil generacional del personal científico tecnológico del país, ya que se prevé el ingreso, en un número apreciable, de jóvenes talentos al CONICET, el INTI y el INTA, entre otras instituciones.

En paralelo al aumento de los fondos institucionales, se ha previsto también lograr una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos que los organismos públicos de C y T reciben del Presupuesto Nacional, conjuntamente con el diseño e implementación de Planes Estratégicos y la adopción de mecanismos de evaluación (véase sección 3.2).

Para que los fondos institucionales y competitivos se asignen a grupos de investigación de calidad y excelencia, un lineamiento estratégico del Plan es la evaluación de la calidad por el sistema de pares. Es mandatorio para el CONICET (Decreto 1661/96), el organismo de C y T con mayores antecedentes en evaluación de la calidad aunque no siempre aplicó la evaluación por pares; está siendo implementado en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores y, desde su inicio, se va a aplicar en el FONCyT. Pero la intención es que esa práctica se extienda a todas las instituciones sectoriales de investigación científica y tecnológica.

El FONCyT procura propósitos múltiples, entre los que se destacan:

Es probable que, teniendo en cuenta el desigual desarrollo histórico de las disciplinas y de la capacidad de investigación en los diferentes segmentos productivos y sociales, en algunas de las áreas indicadas no haya suficientes proyectos meritorios y en otras la cantidad de proyectos de calidad superen el cupo preasignado. En ese caso, el FONCyT canalizará los fondos que eventualmente no tengan suficientes proyectos meritorios hacia las otras áreas prioritarias. De todas formas, en función de la experiencia de asignación de fondos en 1998 y las nuevas prioridades que surjan en el Plan 1999-2001, se ajustará el mecanismo de asignación intersectorial o temático de fondos.

A los efectos de potenciar los recursos que el FONCyT asigne a los grupos de investigación, tendrán prioridad aquellos proyectos en los que las entidades ejecutoras y/o las empresas adoptantes de los mismos participen en forma sustantiva en el cofinanciamiento. En el caso de las prioridades regionales tendrán prioridad los proyectos que sean cofinanciados en un 50% o más por las provincias.

Se dará prioridad a los proyectos que tiendan a formar redes de investigación, presentados en forma conjunta por investigadores de una misma región, de diferentes regiones del país o con instituciones de otros países, en el marco de los distintos convenios de cooperación internacional.

Tanto la investigación básica como la formación de recursos humanos constituyen cimientos fundamentales del SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN y, por lo tanto, se consideran actividades prioritarias para el Plan.

Sus resultados tienden en general a manifestarse luego de períodos de maduración más largos que los de otras prioridades específicas en Ciencia y Tecnología orientadas a la atención de problemas y demandas de carácter regional o sectorial. Por la importancia que revisten y por su propia naturaleza requieren de políticas que consoliden su desarrollo en el mediano y largo plazo.

La investigación básica sólo puede realizarse en forma creativa con amplia libertad académica y no puede estar sujeta a la exigencia de obtener resultados predeterminados, como es el caso de la investigación aplicada. Sin embargo, resulta igualmente necesario que la investigación básica tenga una finalidad determinada. Todo proyecto de investigación que sea financiado con recursos públicos debe cumplir con esta exigencia.

La escasez de estos recursos en relación a los requeridos para investigación es, además, un hecho generalizado en la mayoría de los países, que hace inevitable fijar prioridades que complementan los criterios básicos de excelencia y calidad intrínseca.

Para asegurar el rigor y la transparencia en el proceso de asignación de dichos fondos, lo importante es que tanto los elementos para juzgar la calidad de los proyectos como los criterios para fijar prioridades estén claramente definidos a priori. Esto último es lo que se entiende, a título de ejemplo, como relevancia en los Estados Unidos, oportunidad en España y pertinencia en la Argentina. Es fundamental reconocer la existencia de esta realidad para evitar que, de cualquier manera, se establezcan prioridades de hecho o no explícitas.

Por su parte, la formación de recursos humanos debe tener en cuenta una realidad de características disímiles. Por un lado, se observa un avance de algunas especialidades científicas y un buen desempeño relativo de los científicos argentinos en lo que respecta a publicaciones internacionales, como elementos indicativos de un acervo importante en la materia en nuestro país. Pero, por otro, estos aspectos positivos son parciales y no resultan suficientes para neutralizar algunos puntos muy preocupantes de la actual base científica argentina, como ser:

Los dos puntos que siguen en este Plan definen criterios y políticas para revertir esta situación. Es fundamental realizar un esfuerzo deliberado para expandir la base científica del país en las distintas disciplinas, especialmente aquellas donde hay manifiestas áreas de vacancia. Dicho esfuerzo es crucial para que el país esté en condiciones de hacer frente a las demandas de una sociedad basada en el conocimiento.

De igual modo, también resulta imprescindible comenzar a modificar el perfil generacional del personal científico y tecnológico del país, facilitando la incorporación de jóvenes graduados, fomentando el interés en las ciencias y la tecnología en el sistema educativo, fortaleciendo las actividades de posgrado en las universidades e impulsando las becas de formación en el país y en el exterior.

La falta de información confiable acerca de los distintos aspectos que configuran la base científica en las distintas disciplinas, así como la magnitud de las inversiones involucradas y el largo tiempo que implica la formación de recursos humanos calificados para la investigación científica y tecnológica, requieren de un esfuerzo profundo de identificación de los problemas y de formulación de las propuestas adecuadas para el Plan.

En este sentido, la SECyT ha puesto en marcha un proceso de consulta con la comunidad científica nacional, con el objetivo de identificar las áreas de vacancia existentes en el desarrollo de las distintas áreas de conocimiento y en la formación de recursos humanos para las mismas y proponer recomendaciones específicas que, luego de ser aprobados por el GACTEC, serán sometidas a la discusión pública e incorporadas en el Plan 1999-2001.

Con ese propósito, se han conformado cuatro Comisiones de Trabajo en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales (No Biológicas); Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales y Ciencias Sociales y Humanidades. Los Presidentes de las Comisiones están convocando como miembros de las mismas a reconocidos expertos en las distintas disciplinas dentro de cada área, quienes actuarán en representación de instituciones o sociedades científicas o a título personal. La lista de los integrantes de las Comisiones va a estar incluida en la versión definitiva del Plan 1998-2000.

Para realizar sus labores, las Comisiones se están basando en los siguientes términos de referencia:

Por otra parte, y a los efectos de abordar los aspectos interdisciplinarios que cada vez son de mayor relevancia en la formación de recursos humanos y en la actividad científica, las cuatro Comisiones trabajarán en forma coordinada, tratando de llegar a recomendaciones conjuntas en las áreas de mayor convergencia interdisciplinaria.

El Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores produjo un impacto positivo en la promoción de las actividades de investigación científica y tecnológica en las universidades nacionales (véase sección 2.3), que son el ámbito institucional donde se realiza buena parte de dichas actividades y el ámbito por excelencia de lasa mismas.

Es importante destacar que dicho Programa seguirá contando con fondos anuales por $ 70 millones. Además, el Ministerio de Cultura y Educación, conjuntamente con el Consejo Interuniversitario Nacional, ha elaborado una propuesta de mejoramiento del Programa, que se adoptará próximamente y regirá a partir de 1998.

Los cambios más destacables son los siguientes:

En relación a los dos últimos puntos, la AGENCIA efectuará próximamente una primera auditoria de proyectos, aplicando una selección por muestreo.

Por otra parte, la SECyT conjuntamente con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación, preparará un documento dando cuenta de la disponibilidad de becas para la realización de maestrías, doctorados y estudios posdoctorales y fijando una estrategia para aumentarlas y mejorarlas. En dicha estrategia se priorizarán los esfuerzos conjuntos con instituciones sin fines de lucro nacionales e internacionales y con los países con los que la Argentina ha celebrado acuerdos de cooperación internacional.

Asimismo, en los planes estratégicos que van a preparar los organismos públicos de Ciencia y Tecnología (véase sección 3.2) se deberán definir metas específicas en cuanto al número de investigadores que se incorporarán en los próximos años a los planteles respectivos.

Las PyMEs y las grandes firmas, tanto nacionales como subsidiarias de empresas extranjeras, son actores claves en la conformación del SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN. Más allá de la preferencia que muchas de estas firmas demuestran por tecnologías que provienen del exterior, los esfuerzos para la compra, mantenimiento, adaptación y modificación de las mismas deben redundar en crecientes requerimientos de personal calificado y/o utilización de servicios de organismos públicos o privados de investigación así como demandas tecnológicas a proveedores locales. Para promover los esfuerzos innovativos y un mayor empleo de científicos y tecnólogos en el sector privado son imprescindibles los incentivos fiscales y financieros.

La Argentina es uno de los pocos países del mundo que no dispone de incentivos fiscales para los gastos de investigación y desarrollo que realizan las empresas, uno de los instrumentos universalmente aceptados por la Organización Mundial de Comercio. Para revertir esta situación anómala e incentivar tanto a las grandes como a las pequeñas empresas nacionales y a la filiales de firmas extranjeras que operan en nuestro país a realizar esfuerzos en esta materia con su propio personal calificado o en contrato con instituciones de investigación, se ha decidido reglamentar el crédito fiscal que establece el artículo 9 inciso b de la Ley 23.877 y fijar un cupo de $ 20 millones en el Presupuesto Nacional de 1998.

Los certificados de crédito fiscal se adjudicarán por licitación a los proyectos de investigación y desarrollo que se concursen ante la AGENCIA. En la medida en que contribuirán a la financiación de hasta el cincuenta por ciento de los costos de ejecución de los proyectos, los fondos públicos sirven como palanca para potenciar el financiamiento privado a la investigación y desarrollo. De esa forma, el crédito fiscal va a generar un aporte adicional del sector privado estimado en $ 30 millones.

Dichos certificados podrán ser utilizados por sus titulares para la cancelación de sus obligaciones emergentes del Impuesto a las Ganancias en un porcentaje decreciente de acuerdo al importe anual de dicho impuesto.

En el caso de las PyMEs, se tratará de combinar la asignación de los certificados de crédito fiscal con las líneas existentes en el FONTAR de financiamiento crediticio.

Para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo experimental y de desarrollo tecnológico y modernización, especialmente para la certificación de normas internacionales de gestión de calidad y medio ambiente y para introducir innovaciones de productos, procesos y organizacionales, el FONTAR cuenta con los instrumentos que se indican a continuación:

(*) En agosto de 1997 la ti es igual a 9,59%

(**) En agosto de 1997 la ti es igual a 6,84%

Al mismo tiempo, se conceden subsidios para proyectos de bajo monto para empresas pequeñas que estén en condiciones de cofinanciar el proyecto respectivo en al menos el 50% de su costo. Existen también subvenciones parciales no reintegrables para capacitación y asistencia técnica y se van a establecer mecanismos similares para incorporación de personal científico y tecnológico en actividades innovativas, especialmente entre las PyMEs

En 1998 el FONTAR contará con una asignación de fondos de $ 54,1 millones que, con los aportes adicionales de los beneficiarios de los incentivos fiscales y financieros va a movilizar fondos por un total de $ 126,5 millones. Los distintos créditos se detallan a continuación.

 

FONTAR: Recursos para 1998 (en millones de pesos)

 

Con el objetivo de fortalecer el desempeño competitivo de las PyMEs a través de un mejoramiento permanente de sus capacidades técnicas y su desempeño tecno-productivo, el Programa preparado por la SECyT y la Subsecretaría de Industria (Anexo I) se propone facilitar un progresivo desarrollo de la oferta de servicios tecnológicos de calidad, excelencia y precios adecuados para que contribuyan efectivamente al mejoramiento competitivo de las firmas usuarias y promover la efectiva articulación entre los demandantes de servicios técnicos y los oferentes, públicos y privados.

En los diversos encuentros realizados con PyMEs, se puso de manifiesto que la mayor parte de ellas no tiene conciencia de los problemas tecnológicos que enfrentan y, en general, no conocen la oferta de servicios de organismos públicos, universidades, empresas y otras instituciones. Surgió la necesidad de contar con servicios especializados que no sólo diagnostiquen sus problemas tecnológicos sino que ayuden a encontrar posibles soluciones.

Inspirado en la experiencia de varios países industrializados y en nuestro país en la del proyecto Cambio Rural, el eje del Programa es la creación de intermediarios -concebido en la figura del Consejero Tecnológico- que facilite desde el lado de las firmas el desarrollo de relaciones con las instituciones publicas y privadas que atiendan a las necesidades y competencias actuales de las empresas. Esta figura está básicamente orientada a las empresas que aún no han desarrollado competencias a través de un fluido acceso al mercado de tecnología. En ese sentido, las Consejerías Tecnológicas se convierten en "vehículos" que permiten facilitar a las firmas la identificación precisa de sus necesidades tecnológicas y expresar estas demandas en el mercado.

El papel del consejero es lograr que la empresa evalúe sus capacidades técnicas, establezca necesidades y busque las soluciones y alternativas que considera más útiles. El consejero amplia los elementos para la toma de decisiones y ayuda a la puesta en marcha del proceso de fortalecimiento de las capacidades. En este sentido, no es función del consejero suplir estas carencias sino ayudar a superarlas.

El Programa apunta principalmente a desarrollar y consolidar un mercado de tecnología para las aproximadamente 15.000 PyMEs industriales argentinas que operan en sectores transables. En este sentido se prevé que las medidas más generales del programa afecten al conjunto de las PyMEs, mientras que las firmas involucradas directamente en las cuestiones más específicas del programa sean alrededor de 5000 PyMEs.

Se han previsto dos tipos de consejerías: 1) Consejería Tecnológica Institucional y 2) Consejería Tecnológica Individual. En el primer caso, se establecerá un esquema de consejería con pasantías de jóvenes graduados en ingeniería y carreras científicas y tecnológicas afines. Este componente se organiza a través de instituciones públicas y/o privadas sin fines de lucro (por ejemplo departamentos de ingeniería de universidades) que ofrezcan a las PyMEs un apoyo de consejería por medio de pasantes radicados en cada firma y supervisados por profesionales experimentados. Cada institución puede organizar uno o más grupos de consejería. La meta sería la conformación de 100 grupos de PyMEs de 10 firmas cada uno en promedio.

El FONTAR hará convocatorias para que las instituciones presenten ofertas técnicas y económicas de servicios. En la oferta técnica se detallarán los servicios de consejería con la nómina de las PyMEs a las que van a atender y en la oferta económica se identificará el porcentaje del costo que estará a cargo del solicitante y de las empresas participantes. El FONTAR seleccionará las ofertas técnicas que satisfagan los requisitos establecidos para participar en el programa y las identificará por jurisdicción provincial de localización del programa. Realizada la preselección de las ofertas técnicas, teniendo en cuenta las diferentes jurisdicciones, se adjudicarán las subvenciones según las mejores ofertas de cofinanciamiento.

En el segundo caso, se trata de consejeros individuales que apoyan y aconsejan a un grupo reducido de empresas en forma personal. A través de cámaras y entidades empresariales o uniones transitorias de empresas se conforman conjuntos de una docena de PyMEs que dispondrán de un consejero exclusivo a través de un programa de actividades y de necesidades colectivo. Cada entidad presentará un programa de trabajo al llamado a concurso del FONTAR que apoyará el establecimiento de un esquema de 100 consejeros tecnológicos.

Una importante tarea adicional en ambos tipos de consejerías será la de realizar visitas al exterior a plantas industriales de la mejor práctica internacional con firmas del grupo que coordina. Las visitas serán financiadas en partes iguales por los empresarios y por el sector público. A ese efecto, el FONTAR va a coordinar el financiamiento de las visitas con los programas PYMEXPORTA y PRE de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

El financiamiento del programa de Consejerías tecnológicas se hará con fondos de la Ley 23.877 que administra el FONTAR (que serán de $ 5,4 millones en 1998), con los aportes de las empresas usuarias del servicio y con otros fondos que dispongan las entidades que van a realizar los servicios de consejería.

La implementación de un esquema de Consejerías Tecnológicas como el planteado requiere ser complementado por una serie de actividades -detalladas en el Anexo I- tales como:

En la versión definitiva del Plan se precisarán mejor los aspectos instrumentales del Programa. Está previsto tener ambos tipos de consejería en operación en 1998 y hacer una revisión de los esquemas respectivos y sus objetivos en el Plan 1999-2001.

Las modernas tecnologías y, en particular, los satélites y la red de redes Internet ofrecen la posibilidad de un acceso inédito a la información generada en todo el mundo y permiten difundir velozmente los conocimientos e información producidos.

La información satelital tiene cada más vez más aplicación en actividades como las telecomunicaciones; la prevención de desastres naturales y antropogénicos; el monitoreo de los recursos naturales; la telemedición y control de parámetros industriales; la cartografía y el catastro; la cuantificación de la producción agropecuaria, forestal y la pesca; los estudios de contaminación del medio ambiente; los estudios meteorológicos; el aprovechamiento de los recursos del suelo y del subsuelo y la formación y el perfeccionamiento educativo, etc.

La percepción de esta realidad y de su potencialidad hacia el futuro han llevado al Poder Ejecutivo Nacional, a través de Decreto 2076/94 a declarar a la actividad espacial como área de la actividad científico-tecnológica de prioridad nacional y a promover el uso y aprovechamiento de la información espacial, a través de un conjunto de acciones y actividades englobadas, de manera sistemática y coherente en el Plan Espacial Nacional.

A fin de dar cumplimiento al Plan Espacial Nacional se han definido cinco Cursos de Acción: Infraestructura Terrestre; Sistemas Satelitales; Sistemas de Información; Acceso al Espacio y Desarrollo Institucional y Tareas de Base.

Dentro del conjunto de tareas correspondientes a los diversos Objetivos definidos para cada uno de los Cursos de Acción señalados, deben destacarse las siguientes :